La Junta de Andalucía intenta transformar en empleados públicos a 981 trabajadores de Andalucía Emprende

Este plan se vio trabado por Podemos, Ciudadanos, IU y el PP, cuando rotundamente denegaron esta opción de blindar a estos trabajadores, tomando provecho de que se aprobó un decreto con la finalidad de facilitar a cada ayuntamiento el acogerse a los planes de desarrollo de empleos de nivel autonómico. Sin embargo, en paralelo se gestó la aprobación de un anteproyecto de esta Ley Andaluza para el Emprendimiento, que tenía como sorpresa la transformación de Andalucía Emprende en una agencia, por lo que todos sus empleados, se convertían en funcionarios públicos, los cuales se regirán por Derecho laboral privado aunque los fondos para asumir sus pagos provienen de las arcas de esta Junta de Andalucía.

Ahora bien, hay que dilucidar varias cosas, en primer lugar, el costo de mantener esta estructura de empleados sostenidos por la Junta Andaluza, con una estrategia no muy inteligente para combatir el desempleo, y es que más de sesenta millones de euros se gastan para cancelar las nóminas de los empleados de esta agencia que nace con la misión de combatir el paro.

En este sentido, la ahora agencia, Andalucía Emprende se creó como una fundación en el 99, teniendo como misión el desarrollo de la cultura emprendedora, dando aportes a las personas interesadas en desarrollar una actividad empresarial por cuenta propia. Lo sorprendente de este caso es lo fácil que fue para los empleados esta fundación obtener un contrato de carácter indefinido, y ser parte de la administración de esta Junta. Sólo con una entrevista y la presentación del Currículum Vitae se obtenía el puesto. Además, personas que fuesen ajenas a esta fundación no podían tener conocimiento de la convocatoria que debería ser pública, lo cual imposibilitaba una posible contratación a otras personas quizá mejor preparadas. Esto planteó muchísimas críticas y señalamientos, por cuanto se hablaba de una predominación de enchufados por el Partido Socialista Obrero español, habiendo casos en los que en esta plantilla de nuevos trabajadores de la administración, había personas relacionadas con dirigentes del partido en cuestión.

En Córdoba, el ayuntamiento cedió un colegio ocupado a una asociación

En Córdoba se le cedió la gestión y el control de un colegio durante dos años a una asociación, contrato de cesión que puede prorrogarse durante otros dos años. En este sentido Emilio Aumente, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, y quien funge como edil, precisamente en cuanto a la Seguridad Ciudadana, en compañía de quien es presidente de la asociación civil Casa de Ciudadanía en el Distrito Sur, Don Antonio de Rosa, llegaron ayer a un acuerdo y firmaron un contrato de cesión para la utilización y el disfrute del vetusto Rey Heredia, que antes fuese un colegio y hoy en día conforma un centro de asistencia social.

Esta edificación sufrió de la ocupación forzosa de organizaciones de izquierda en el año 2013, manteniéndose una relación tenga con el gobierno del Partido Popular en la Provincia, pero al tomar las riendas un gobierno izquierdista se llegó a dar una buena relación entre las asociaciones que ocupaban el edificio y la casta política, que finalmente terminó generando esta cesión del edificio.

De esta manera, se intenta desarrollar un bien social para la comunidad en la cual se encuentra el antiguo colegio, pudiendo ser de gran utilidad con la gestión por parte de esta asociación civil e izquierdista. Por otro lado, se está pensando en un desarrollo de carácter urbanístico planificado, pudiendo verse pronto en esa zona; sin embargo las asociaciones ven este plan de desarrollo como algo distante, ya que aún no hay acuerdos consecuentes con este plan. Asimismo, si se actúa con concordancia a lo que está previsto en el PGOU, es decir, el plan de ordenación urbanística, se tendría que proceder al desalojo de estas sociedades civiles, cosa que está estipulada en este convenio de cesión firmado. De esta manera, en cuanto a los gastos de mantenimiento del centro social, se estableció que será la asociación que goza de la concesión la que se encargará de tomarlos y sufragarlos.

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