El convenio de Mercadona

El crecimiento de la cadena de supermercados española Mercadona tal vez esté asociado a la buena gestión empresarial y a la astuta visión de negocio de su director comercial, Juan Roig. Sin embargo, hay trabajadores que forman o han formado parte de la plantilla de la firma que se quejan de un trato abusivo y de una presión psicológica desproporcionada.

Y es que muchos cerrajeros profesionales arguyen que los jefes intermedios ejercen una presión sobre el empleado en exceso, llegando a minar en algunos casos la salud mental de éste. Según publica incluso OkDiario, algunos de los empleados de Mercadona se refieren a la compañía como una secta en la que se educa y forma a la plantilla para obedecer las órdenes de los mandos intermedios forma sumisa y sin rechistar, por lo que los mandatos jamás se discuten ni se ponen en cuestión, aunque estos a veces sean disparatados y de una exigencia extrema.

Sí es cierto, no obstante, que el nuevo convenio colectivo de Mercadona, que hace referencia a los años que van desde 2014 a 2018, ha satisfecho a los sindicatos mayoritarios españoles, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Ambos sindicatos han percibido el convenio como algo modélico en la Unión Europea, aunque no piensa lo mismo la Confederación Nacional del Trabajo; para la CNT, el trato recibido a diario por los trabajadores es abusivo.

Mercadona está beneficiándose de la nueva Reforma Laboral aprobada por el Gobierno. Pero Mercadona va más allá, ya que ha llegado a obligar a los trabajadores a acudir a su puesto de trabajo a pesar de encontrarse inmersos en una enfermedad o en una evidente indisposición. Mercadona, a estas alturas de éxito empresarial, también atesora un amplio historial de sentencias desfavorables en materia laboral, pues ha perdido cantidad de juicios a favor de muchos empleados que habían sido perjudicados por los excesos y abusos de la compañía.

La Junta de Andalucía intenta transformar en empleados públicos a 981 trabajadores de Andalucía Emprende

Este plan se vio trabado por Podemos, Ciudadanos, IU y el PP, cuando rotundamente denegaron esta opción de blindar a estos trabajadores, tomando provecho de que se aprobó un decreto con la finalidad de facilitar a cada ayuntamiento el acogerse a los planes de desarrollo de empleos de nivel autonómico. Sin embargo, en paralelo se gestó la aprobación de un anteproyecto de esta Ley Andaluza para el Emprendimiento, que tenía como sorpresa la transformación de Andalucía Emprende en una agencia, por lo que todos sus empleados, se convertían en funcionarios públicos, los cuales se regirán por Derecho laboral privado aunque los fondos para asumir sus pagos provienen de las arcas de esta Junta de Andalucía.

Ahora bien, hay que dilucidar varias cosas, en primer lugar, el costo de mantener esta estructura de empleados sostenidos por la Junta Andaluza, con una estrategia no muy inteligente para combatir el desempleo, y es que más de sesenta millones de euros se gastan para cancelar las nóminas de los empleados de esta agencia que nace con la misión de combatir el paro.

En este sentido, la ahora agencia, Andalucía Emprende se creó como una fundación en el 99, teniendo como misión el desarrollo de la cultura emprendedora, dando aportes a las personas interesadas en desarrollar una actividad empresarial por cuenta propia. Lo sorprendente de este caso es lo fácil que fue para los empleados esta fundación obtener un contrato de carácter indefinido, y ser parte de la administración de esta Junta. Sólo con una entrevista y la presentación del Currículum Vitae se obtenía el puesto. Además, personas que fuesen ajenas a esta fundación no podían tener conocimiento de la convocatoria que debería ser pública, lo cual imposibilitaba una posible contratación a otras personas quizá mejor preparadas. Esto planteó muchísimas críticas y señalamientos, por cuanto se hablaba de una predominación de enchufados por el Partido Socialista Obrero español, habiendo casos en los que en esta plantilla de nuevos trabajadores de la administración, había personas relacionadas con dirigentes del partido en cuestión.

Cambio en el proceso de certificación energética

Las personas interesadas en la certificación energética desde el punto de vista legal se han visto afectadas por el nuevo proceso de certificación. La redacción de los informes ha sufrido unos cambios significativos así mismo como los cálculos y la conversión dentro de este proceso.

Para estos nuevos cálculos se toman en cuenta los datos climáticos, haciendo una adaptación de las nuevas condiciones del clima dejando una diferenciación de la escala fijada de acuerdo a las diferentes clases. Además, dentro del nuevo formato de redacción de informe se incluyen datos sobre la calefacción aun cuando esto anteriormente no había sido tomado en cuenta.

Ahora se toma como indicador el consumo de energía primaria así como también las emisiones de CO2. Además de esto se han fijado nuevos sistemas de ventilación, para que estos  sean acordes con la realidad reflejada en las condiciones actuales de la vivienda.

Por otro lado, el cambio que ha logrado llamar más la atención ha sido el cambio de los sistemas y programas de certificación antes utilizados, obligando a todos a utilizar las nuevas versiones de los programas anteriores.

Este cambio ha generado un poco de malestar en cerrajeros torrevieja ya que la notificación de esta reforma no fue hecha de la mejor manera y por este motivo muchos aún no tiene las nuevas versiones de estos programas. Este problema ha afectado a todos los técnicos que cumplen con la certificación ya que es una norma obligatoria que debe aplicarse para la redacción de informes de certificación.

Aun cuando la actualización de estos programas supone mejorías en cuanto a la certificación energética, la mayor critica que se hace es la forma en la que fue informada esta nueva acción y que los tiempos de entrada en vigencia de estos nuevos parámetros no fueran suficientes para poder obtener las nuevas versiones de los programas, aunado a esto muchos de los técnicos que ya manejan estas versiones actualizadas han reportado fallas en los resultados de las certificaciones lo que ha causado un poco de incertidumbre en la población general.

En Córdoba, el ayuntamiento cedió un colegio ocupado a una asociación

En Córdoba se le cedió la gestión y el control de un colegio durante dos años a una asociación, contrato de cesión que puede prorrogarse durante otros dos años. En este sentido Emilio Aumente, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, y quien funge como edil, precisamente en cuanto a la Seguridad Ciudadana, en compañía de quien es presidente de la asociación civil Casa de Ciudadanía en el Distrito Sur, Don Antonio de Rosa, llegaron ayer a un acuerdo y firmaron un contrato de cesión para la utilización y el disfrute del vetusto Rey Heredia, que antes fuese un colegio y hoy en día conforma un centro de asistencia social.

Esta edificación sufrió de la ocupación forzosa de organizaciones de izquierda en el año 2013, manteniéndose una relación tenga con el gobierno del Partido Popular en la Provincia, pero al tomar las riendas un gobierno izquierdista se llegó a dar una buena relación entre las asociaciones que ocupaban el edificio y la casta política, que finalmente terminó generando esta cesión del edificio.

De esta manera, se intenta desarrollar un bien social para la comunidad en la cual se encuentra el antiguo colegio, pudiendo ser de gran utilidad con la gestión por parte de esta asociación civil e izquierdista. Por otro lado, se está pensando en un desarrollo de carácter urbanístico planificado, pudiendo verse pronto en esa zona; sin embargo las asociaciones ven este plan de desarrollo como algo distante, ya que aún no hay acuerdos consecuentes con este plan. Asimismo, si se actúa con concordancia a lo que está previsto en el PGOU, es decir, el plan de ordenación urbanística, se tendría que proceder al desalojo de estas sociedades civiles, cosa que está estipulada en este convenio de cesión firmado. De esta manera, en cuanto a los gastos de mantenimiento del centro social, se estableció que será la asociación que goza de la concesión la que se encargará de tomarlos y sufragarlos.

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